Sábado, 21 de Septiembre de 2019
Última actualización: 18:50 CEST
Política

La Habana asegura que la Helms-Burton es 'inaplicable' y que garantizará los negocios extranjeros

Rodrigo Malmierca. (ACN)

El Gobierno de Cuba aseguró este viernes que aplicará todas las garantías legales para proteger los negocios de empresas extranjeras en la Isla ante la activación del título III de la ley Helms-Burton de Estados Unidos, que permite demandar a firmas que operan con propiedades confiscadas tras la Revolución.

El ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), Rodrigo Malmierca, hizo esa afirmación durante un encuentro con representantes de compañías foráneas y del cuerpo diplomático en La Habana junto a un grupo de funcionarios estatales, según reportó la estatal Agencia Cubana de Noticias.

"El Gobierno cubano ratifica su decidida oposición y asegura que aplicará todas las garantías legales para proteger los negocios que existen en el país", indicó Malmierca a los empresarios con intereses en la Isla, en su mayoría del sector turístico.

El pasado 2 de mayo el Gobierno de Donald Trump activó por primera vez el citado título III de la ley Helms-Burton, que da luz verde a estadounidenses para demandar en las cortes de EEUU a quienes operen en los terrenos e inmuebles que les fueron confiscados tras la Revolución de 1959, lo que podría perjudicar a firmas extranjeras con presencia en Cuba.

"La ley Helms-Burton, que pretendió alejarnos, nos ha acercado más para defender nuestros intereses comunes", dijo Malmierca, al tiempo que subrayó que es "inaplicable" y que actualmente el Gobierno cubano trabaja en la eliminación de "trabas" y por el "incentivo" a la inversión extranjera, la cual es "fundamental" para el desarrollo del país.

La directora general de Inversión Extranjera del MINCEX, Deborah Rivas, y el director general de EEUU de la cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossio, explicaron pormenores con los que Cuba avala la seguridad de las inversiones foráneas.

Entre ellas, consideraron a la nueva Constitución recién aprobada y ya en vigor, la Ley de Inversión Extranjera 118 y la Ley de reafirmación de la Dignidad y Soberanía cubanas, de 1996, como herramientas que amparan las confiscaciones realizadas en el país.

Rivas recordó que desde 1996 varios países aprobaron "leyes antídoto" para proteger a sus nacionales, como es el caso del estatuto de la Unión Europea contra el embargo de EEUU a la Isla, la Ley Contra Medidas Extraterritoriales Extranjeras de Canadá y la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional, aprobada por México en la década de los 90.

Por su parte, Fernández de Cossío indicó que hasta el momento solo se han presentado tres demandas tras la activación del título III de la Helms-Burton.

En ese sentido, el diplomático citó a especialistas jurídicos que señalan que existen suficientes obstáculos en el cuerpo de la normativa que hacen difícil a un reclamante demostrar que su demanda procede con apego al Derecho.

En representación de la cadena hotelera español Meliá Internacional, el empresario Francisco Camps dijo que su compañía hace negocios "libre y voluntariamente en Cuba" y recordó que fue la pionera en crear en 1990 una empresa mixta en la Isla y cuenta en la actualidad con 34 instalaciones y más de 15.000 habitaciones bajo su administración.

El empresario español también advirtió de la necesidad de "mantenerse informados con fuentes fidedignas" y en contacto con los ministerios y embajadas correspondientes ante la avalancha de presuntas "fake news", que tienen el propósito de provocar nerviosismo entre los inversionistas.

Otro directivo hotelero español, Matteo Cardentei, recordó que la cadena mallorquina Iberostar lleva 25 años trabajando en Cuba y afirmó que sigue su apuesta con nuevos negocios como un hotel de 500 habitaciones en la ciudad patrimonial de Trinidad.

2 comentarios

Imagen de Nelson Candela

Entonces por que protestan,deberian reirse.

Imagen de oquendo

Si van las demandas y se preparen, la mejor opción es que pague el Estado Español, que hablen con los Comunistas que gobiernan allí, seguro que les ayudarán  ......