Domingo, 13 de Octubre de 2019
Última actualización: 10:47 CEST
Política

El régimen cubano en la lista negra de EEUU por tráfico humano

Médicos cubanos. (BBC)

Estados Unidos agregó este jueves a Arabia Saudita y a Cuba a su lista negra de paí­ses que no están haciendo lo suficiente para luchar contra la trata de personas, una designación que podrí­a conllevar sanciones.

En un informe anual del Departamento de Estado, el Gobierno de Estados Unidos atribuyó a su aliado Arabia Saudita rampantes violaciones de los derechos laborales de trabajadores extranjeros, y acusó al Gobierno de Cuba de tráfico de personas a través de sus programas de envío de médicos a otros paí­ses.

China, Corea del Norte, Rusia y Venezuela siguen en el Nivel 3 del informe, donde se incluyen los paí­ses que no cumplen con los estándares mínimos de protección.

"Si ustedes no se oponen al tráfico, Estados Unidos lo hará", dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, al presentar el informe junto a Ivanka Trump, hija y asesora del presidente Donald Trump, reportó AFP.

El informe sobre la trata de personas, o Informe TIP por sus siglas en inglés, es un reporte anual emitido por el Departamento de Estado que clasifica a los gobiernos según sus esfuerzos para reconocer y combatir la trata de personas.

Una designación de Nivel 3 significa que Estados Unidos puede restringir la asistencia económica al país, o retirarle el apoyo en el Fondo Monetario Internacional u otros organismos de desarrollo global.

Pompeo dijo que Estados Unidos tomó medidas el año pasado contra 22 países debido a su designación en el informe de trata de personas.

Al cierre de 2018, más de 34.000 profesionales de la salud cubanos trabajaban en 66 países, 25 de los cuales recibían colaboración gratuita, según el Gobierno.

Los senadores Bob Menéndez (demócrata, por Nueva Jersey), Marco Rubio y Rick Scott (republicanos, por Florida) instaron en mayo pasado al secretario de Estado Mike Pompeo a ejecutar acciones concretas para combatir el despliegue de ese personal en condiciones que representan trabajo forzoso y a reactivar el programa de refugio a estos profesionales.

"A partir de 2015, el régimen cubano había desplegado más de 50.000 trabajadores en misiones médicas extranjeras en 67 países, en esencia, una red global de tráfico de personas que generó miles de millones de dólares en ingresos" para La Habana, sostuvieron en una misiva a Pompeo.

Los legisladores indicaron que, durante la extinta misión Más Médicos que tenía La Habana en Brasil, " aproximadamente el 75% de los salarios de los médicos cubanos" era retenido por el régimen de la Isla y la OPS, su intermediaria en el trato. 

Igualmente citaron otros informes, según los cuales los médicos cubanos que participaban en ese programa con frecuencia tenían sus pasaportes retenidos por los funcionarios cubanos para evitar que viajaran a países vecinos, y se les prohibió que sus familias los acompañaran mientras se encontraban en Brasil.

Los senadores solicitaron entonces al Departamento de Estado que rebajara a Cuba de la categoría otorgada en el Informe sobre Tráfico de Personas de 2018. Ese año el Departamento de Estado de EEUU mantuvo a la Isla en una lista de países bajo "vigilancia" por cuarto año consecutivo, situación que acaba de cambiar.

También en mayo, Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos fueron acusados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de "crímenes de lesa humanidad" por la "esclavitud, persecución y otros actos inhumanos" a los que someten a "cientos de miles de profesionales" enviados a las llamadas "misiones internacionalistas" y a sus familias.

Los otros acusados son los ministros cubanos de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda; del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz; de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.

La demanda fue presentada por la Asociación Prisoners Defenders International Network y en ella acusaron al Estado de Cuba de someter a los médicos y otros profesionales a control y medidas represivas que constituyen condiciones de "esclavitud", al ejercer "atributos del derecho de propiedad" sobre ellos.

La venta de servicios profesionales, principalmente médicos, representa la mayor fuente de ingresos del régimen.

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