Viernes, 27 de Marzo de 2020
Última actualización: 16:47 CET
POLÍTICA

El Gobierno cubano decreta el uso obligatorio de aplicaciones de código abierto y producción nacional

Ernesto Vallín Martínez, Director de la Industria Informática. (ACN)

A partir de este jueves las personas jurídicas en Cuba están obligadas a utilizar el antivirus nacional, así como aplicaciones de código abierto y de producción nacional, según establece un conjunto de normas jurídicas decretadas por el Gobierno para el control de las herramientas ligadas a la informatización de la sociedad en Cuba, publicó el sitio oficial Cubadebate.

En la más reciente Gaceta Oficial Ordinaria, están recogidas las nuevas regulaciones, compuestas por un Decreto-Ley, dos Decretos, un acuerdo del Consejo de Ministros y varias resoluciones ministeriales.

Al presentar las disposiciones, Wilfredo López Rodríguez, director de regulaciones del Ministerio de Comunicaciones, dijo que se establece la obligación de la protección de los datos personales en soportes electrónicos, a la vez que regula por primera vez para las personas jurídicas la validez de las firmas digitales, "con el empleo de certificados digitales de la infraestructura nacional de llave pública".

El Gobierno, acusado de una estrecha vigilancia y control de la información desde sus estructuras, se ha propuesto "la migración en un período de tres años" de datos hacia plataformas con código abierto y de producción nacional "en los Organismos de la Administración del Estado".

Para ello, el Decreto 359 de 2019 sobre el desarrollo de la industria de programas y aplicaciones informáticas pretende "promover, perfeccionar e incrementar la producción nacional y la sustitución de importaciones", según los funcionarios citados por el medio oficial.

Las nuevas normas jurídicas otorgan el protagonismo de la industria de aplicaciones y servicios informáticos a la empresa estatal, y relega la participación del sector privado, con gran auge e iniciativa en este campo, a una simple "complementación".

Además se aprueba un reglamento sobre proveedores de servicios de hospedaje y alojamiento para personas jurídicas, que busca controlar el funcionamiento y expedición de licencias de operación para este servicio.