Domingo, 13 de Octubre de 2019
Última actualización: 10:47 CEST
JUSTICIA

El Ministerio de Justicia elimina un requisito para legalizar algunos documentos para el exterior

Una empleada anota en un libro del Registro Civil en Cuba. (DIRECTORIO CUBANO)

El Ministerio de Justicia de Cuba (MINJUS) eliminó la norma de incorporar la nota "Únicamente para surtir efectos fuera del territorio nacional" requerida en los documentos notariales y certificaciones de los Registros bajo su administración, según la Instrucción número tres de 2019, publicada en Gaceta Oficial el 19 de julio.

Según precisa el medio independiente El Toque, este requisito era obligatorio para legalizar certificaciones de nacimiento y matrimonio, poderes notariales y otros documentos que fueran solicitados por los ciudadanos cubanos para surtir efecto fuera del país y para trámites ante embajadas extranjeras en La Habana.

Así, se simplifica un proceso que generó múltiples quejas y críticas de la población en años recientes.

La Instrucción señala que los reglamentos de las leyes vigentes "De las Notarías Estatales" y del "Registro del Estado Civil" no establecían la consignación de esta nota como requisito legal.

Además, aclara que la validez fuera del territorio nacional de los documentos notariales y certificaciones registrales ya se garantiza con el acto de legalizarlos ante el propio MINJUS, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en La Habana, o los consulados o embajadas de Cuba en los países donde los documentos han de surtir efecto.

La nota "Únicamente para surtir efectos fuera del territorio nacional" surgió en virtud de la Instrucción número uno de 2016 del viceministro de Justicia, Francisco Eduardo García.

El Toque recuerda que el propósito de este texto declarado era "garantizar la seguridad en el tráfico jurídico", así como velar por la fidelidad y autenticidad de documentos autorizados o expedidos por notarios y registradores, pero en la práctica generó devoluciones y demoras innecesarias en el ya complicado y costoso proceso de legalización de documentos en Cuba.

Según la fundamentación del cambio, contenida en la Instrucción tres, el MINJUS admite que el requisito antes exigido ponía más trámites burocráticos, demoras y molestias para los solicitantes.

En diciembre de 2018 se aprobó la Instrucción 1/2018, destinada a "simplificar procesos" y reducir la cantidad de documentos requeridos para ejecutar trámites, "sin comprometer la seguridad jurídica".

A partir de quejas de la población y "acciones de control" realizadas en el período 2017-2018, el MINJUS detectó que algunos notarios exigían, "sin justificación legal, la acreditación documental de determinados particulares, trasladándole cargas innecesarias a destinatarios del servicio".

El actual ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera, emitió entonces las "Indicaciones para la simplificación de procesos y reducción de documentos en las actividades notarial y registral", un conjunto de 18 órdenes que hacen más expeditos los trámites.

Entre las prácticas que quieren corregir los funcionarios está la tendencia de algunos notarios y registradores a solicitar la actualización de certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción. Esos documentos no caducan, han aclarado desde entonces los dirigentes, por lo que no importa cuándo hayan sido emitidos, siguen teniendo vigencia en cualquier momento.

Solución incompleta

A pesar del alivio que supone la Instrucción 3/2019, la disposición solamente alcanza a los documentos notariales y registrales. Deja fuera otros documentos que también son requeridos por los ciudadanos para surtir efecto fuera del territorio nacional y todavía requieren que se les estampen la "nota" específica, advierte El Toque.

Es el caso de las certificaciones de nota que expiden instituciones de los ministerios de Educación y de Educación Superior. Los ciudadanos no pueden legalizar directamente las certificaciones que recibieron una vez graduados, pues no dicen explícitamente que fueron emitidas "para surtir efectos fuera del territorio nacional".

Esta barrera supone que deban pagar 250CUC en bufetes y consultorías jurídicas para obtener una nueva certificación con la consigna citada; lo cual ha sido señalado por muchos necesitados como una barrera más de las instituciones oficiales cuyo único fin es recaudar dinero.