Lunes, 18 de Noviembre de 2019
Última actualización: 16:13 CET
JUSTICIA

Tribunal de La Habana admite una demanda contra la Dirección de Emigración y Seguridad del Estado

Abdel Legra (I) junto a Boris González y Enix Berrio Sarda en el aeropuerto. (B. GONZÁLEZ ARENAS/FACEBOOK)

Las violaciones del derecho a la libre circulación, reconocido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución de la República de Cuba, contra opositores, activistas y periodistas independientes cubanos, han dejado de ser novedad para convertirse en rutina.

Lo que resulta sorprendente, incluso para los abogados de la independiente Asociación Jurídica de Cuba, es que el Tribunal Provincial de La Habana haya admitido la demanda contra la Dirección de Emigración y Extranjería y los órganos de la Seguridad del Estado, del ciudadano Abdel Legrá Pacheco, excandidato independiente y vicepresidente del Partido Ciudadanos por el Desarrollo.

Legrá fue privado del derecho de salir fuera del territorio cubano, el 2 de junio, cuando pretendía viajar a Bogotá, Colombia, invitado por el Instituto de Ciencias Políticas de ese país.   

Como es usual, los oficiales de emigración del aeropuerto ignoraban los motivos por los que se encontraba "regulado". Dos días después, el 4 de junio, dirigió una carta a la Dirección de Atención a la Ciudadanía del Consejo de Estado, en la que inquiere los motivos por los que se encuentra regulado.

Legrá reafirma en dicho documento que profesa y defiende ideas democráticas y la posibilidad de que personas con distintos credos políticos puedan participar en la vida pública del país sin ser estigmatizadas como antisociales o agentes de otros países.

"¿Por qué no puedo compartir mis ideas Liberales sin ser tratado como un delincuente? ¿Por qué no puedo participar de la vida pública de mi país, sin que los órganos de inteligencia promuevan toda una campaña difamatoria contra mi persona y hasta me amenacen en plena calle?", cuestiona.

El 16 de julio, luego de varias gestiones infructíferas, incluyendo llamadas a órganos de la Seguridad del Estado y viajes a varias oficinas, para conocer los motivos y la duración de su regulación, Abdel Legrá Pacheco dirigió una carta al Tribunal Provincial de La Habana, con el objetivo de presentar una demanda contra la Dirección de Inmigración y Extranjería de la República de Cuba y contra los Órganos de la Seguridad del Estado cubano, por violación de sus derechos civiles y Constitucionales, contemplados tanto en el código penal vigente, como de los artículos 52 y 54 de la nueva Constitución aprobada recientemente. DIARIO DE CUBA ha tenido acceso a dicha carta.

En la misma, Legrá declara que la medida asumida por la Seguridad del Estado no le quita el sueño, pero sí considera preocupante "…que en nuestro país Cuba, existan poderes por encima de las LEYES y CONSTITUCION a estas alturas, capaces de un plumazo tomar decisiones sin que un Tribunal competente, dictamine una sentencia sobre persona cualesquiera, por su manera de pensar, pero peor aún, que exista tal IMPUNIDAD por parte de ese poder, que ni las Leyes, los Tribunales y Constitución escapen de ella".

El vicepresidente del Partido Ciudadanos por el Desarrollo recuerda y cita en su misiva, los artículos 52 y 54 de la actual Constitución: "… ARTÍCULO 52 y cito 'Las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley'. Y en su ARTÍCULO 54, dice y cito: 'El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión'".

"Señorías les pregunto: ¿Cómo es posible que, sin tener deudas con el Estado cubano, sin tener una actitud delictiva, sin haber sido sentenciado por tribunal cubano, se me aplique por los órganos de la Seguridad del Estado (sección 21) en contra del Código Penal vigente y de la Constitución recientemente aprobada, una sanción o medida de seguridad como esta, ¿REGULADO, y no permitírseme salir del país? ¿a qué temen?”, cuestiona Legrá.

También se pregunta cómo es posible que los órganos de la Seguridad del Estado puedan violar la Constitución aprobada por el pueblo, luego de enfatizar que él no estuvo de acuerdo, pero eso no le exime de cumplirla.

Para su sorpresa y la de los abogados de la independiente Asociación de Juristas de Cuba, la respuesta del Tribunal fue admitir la demanda y concederle diez días para personarse en el tribunal con representación letrada, de lo contrario, el documento presentado por él sería desestimado.

"Contraté los servicios de un abogado vinculado al sistema de bufetes colectivos, su nombre es Osvaldo Rodríguez Díaz. Él presentó mi demanda, el 16 de agosto, por violaciones a mis derechos ciudadanos contenidos en los artículos 52 de la Constitución de 2019, así como por perjuicios económicos y morales", precisa.

"Ahora estamos a la espera de que nos citen o den respuesta por escrito, pues como es un caso administrativo, no hay vista oral, todo es escrito y el tiempo se desconoce. Además, los abogados independientes no saben cómo se resolverá, pues es la primera vez que un tribunal acepta una demanda de este tipo", explica Abdel a DIARIO DE CUBA.

De hacer justicia en este caso, el Tribunal Provincial estaría demostrando que Legrá se equivoca al afirmar que en Cuba existen poderes por encima de la Constitución, en su demanda.

Por otra parte, abriría la puerta a múltiples demandas de opositores, activistas y periodistas independientes a quienes también les ha sido violado el derecho de salir del país de manera no definitiva. Al ser la primera vez que el Tribunal Provincial acepta una demanda de este tipo, no existe un precedente, pero la resolución del caso podría sentar uno.

Aunque esta es la primera vez que se la ha impedido salir del país a Abdel Legrá Pacheco, no es esta la primera vulneración a sus derechos reconocidos en la Constitución. En 2017, cuando pretendía postularse como candidato a delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular, dos agentes de la Seguridad del Estado lo amenazaron con desaparecerlo. El 6 de septiembre de 2017, Legrá presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República, de la que nunca recibió respuesta.