Martes, 12 de Noviembre de 2019
Última actualización: 08:41 CEST
Política

Perú, una historia de nunca acabar

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. (VIDAL TARQUI/ANDINA)

Desde el verano un escándalo viene sacudiendo la vida pública peruana: la presunta existencia de una gigantesca red criminal integrada por fiscales, jueces supremos, empresarios, dirigentes deportivos y políticos para sacar provecho propio mediante el tráfico de influencias y la manipulación de sentencias. El caso es conocido como Los Cuellos Blancos del Puerto.

Otro más en un país donde la prevaricación y el cohecho son prácticas comunes de la clase política.

No en balde la casi totalidad de los mandatarios en lo que va de siglo ha quedado salpicada por los distintos casos de corrupción ligados a la constructora brasileña Odebrecht: Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo.

El último gran escándalo del país andino tiene sus orígenes a fines de 2017, cuando la fiscalía especializada en crimen organizado del Callao —donde se encuentra el puerto más importante del país—, siguiendo los movimientos de una banda de narcotraficantes, empezó a detectar en sus escuchas telefónicas encuentros entre jueces, fiscales, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) —el órgano encargado de nombrar jueces y fiscales— y políticos y empresarios fujimoristas, entre otros.

Con el tiempo las conversaciones fueron revelando la existencia de un espeso entramado de tráfico de influencias, donde se negociaban sentencias, nombramientos o destituciones de magistrados, a cambio de dinero, viajes e incluso puestos para familiares y allegados.

A principios de julio, algunas grabaciones de audio filtradas a la prensa dieron a conocer públicamente la magnitud del asunto.

Por lo pronto, la revelación de esta trama se ha saldado con la salida del ministro de Justicia, Salvador Heresi, y la renuncia o despido de varios jueces y fiscales. Además, hay una investigación judicial en curso. 

Intercambio de favores mutuos

Sin embargo, el episodio, lejos de concluir, ha abierto una guerra intestina en los poderes judicial y legislativo peruanos.

Y es que a fines de agosto un informe elaborado por Sandra Castro, una de las fiscales encargadas del caso, incluía al propio fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, como integrante de la red criminal.

Poco después, a principios de septiembre, 27 de los 34 presidentes de las juntas fiscales del país exigieron la renuncia de Chávarry en un comunicado.

Pero, desde entonces, este se ha dedicado a entorpecer deliberadamente tanto las investigaciones referentes a Los Cuellos Blancos como las que puedan afectar a sus aliados fujimoristas.

En este sentido, Chávarry ha ignorado los pedidos de refuerzo de los fiscales para avanzar el trabajo, les ha encargado otras misiones o sencillamente ha apartado a algunos de las investigaciones.

De igual modo, la fiscalía tardó semanas en dar la orden de allanamiento del domicilio del juez supremo César Hinostroza, figura clave de la trama y actualmente detenido en España en espera de extradición, después de haberse dado a la fuga. Un tiempo más que suficiente para desaparecer documentos comprometedores.

A su vez la mayoría fujimorista en el Congreso tiene frenado el debate que podría dar lugar al procesamiento penal de Chávarry, pese a la existencia de cuatro denuncias constitucionales en su contra.

A fines de octubre, la orden de prisión preventiva de 36 meses dictada contra la líder de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, y luego contra parte de la cúpula del partido, se basaba no solo en el "alto riesgo de fuga", sino en la acusación de obstaculizar la investigación por las aportaciones ilícitas de Odebrecht, de un monto de 1,2 millones de dólares, durante la campaña presidencial de 2011.

Las pesquisas revelaron que Keiko y sus asesores estaban coordinando ataques contra el fiscal que la investiga por el blanqueo de capitales procedentes de la constructora brasileña, José Domingo Pérez.

Asimismo, en varios de los mensajes intercambiados quedó en evidencia la colusión con el fiscal de la Nación. En más de una ocasión la líder de FP hizo hincapié en que la permanencia de Chávarry era un "asunto de supervivencia", por tanto había que protegerlo a toda costa.

Desenlace incierto

Visto así, el bloqueo institucional puede prolongarse aún durante el resto de la legislatura. Otras posibilidades, empero, se avistan a mediano plazo.

La primera depende de la aprobación de la reforma del CNM en referendo el próximo 9 de diciembre. Una iniciativa que ha sido impulsada por el presidente Martín Vizcarra.

De validarse el cambio en las urnas, de lo cual hay altas probabilidades, el órgano pasará a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ). La JNJ seguirá nombrando a los jueces y fiscales, pero deberá hacerlo después de someter los puestos a un concurso público de méritos. Sus miembros también serán seleccionados por concurso público y solo podrán formar parte de la junta durante cinco años sin posibilidad de ser reelegidos.

Esto podría ser un primer paso en una reorganización del Poder Judicial.

Sin embargo, de modo más urgente, el fin de la obstrucción en el Legislativo dependerá de la capacidad de Vizcarra para sumar apoyos en el Congreso no solo para emprender una reforma más profunda del sistema judicial y sacar adelante otros proyectos de ley, sino también para obtener el desafuero de Chávarry.

Dos factores podrían jugar en este sentido. Por una parte, la popularidad de la que goza en estos momentos el mandatario peruano, debido a su posicionamiento contra la corrupción, y, por otra, las fisuras que han ido resquebrajando al fujimorismo a raíz de los duros enfrentamientos entre los hermanos Fujimori, Keiko y Kenji, de los sucesivos escándalos de corrupción y del encarcelamiento de Keiko.

Esta última, por cierto, parece destinada a un eclipse político en los próximos tiempos. Contactado por DIARIO DE CUBA, Eduardo Hernando Dargent, politólogo y catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Perú, estima que hoy Keiko es asociada con la corrupción y además "carga con sus fracasos previos". Como resultado "su popularidad se ha desplomado".

Si bien en la bancada oficialista también hay fuertes divisiones, según Dargent, "todos mal que bien giran en torno al Gobierno".

Por ahora, en cierta medida, "el Ejecutivo tiene la ventaja política y el Congreso está debilitado".

Queda por ver si en esta situación se tejerán las alianzas necesarias para terminar con el actual bloqueo de las instituciones.