Lunes, 14 de Octubre de 2019
Última actualización: 10:47 CEST
Política

Nicaragua, la fuga hacia adelante dictatorial

El presidente nicaragüense Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. (GETTY/AFP)

En los últimos días la represión en Nicaragua ha conocido una nueva escalada, que tiene ahora como blanco las ONG y los medios de comunicación

Contactada por DIARIO DE CUBA, Elvira Cuadra, analista del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), una de las organizaciones asediadas por el régimen de Daniel Ortega, sostiene que el propósito de las autoridades "es seguir demostrando su fuerza a la sociedad nicaragüense". 

Sin embargo, "es evidente que sus pilares de apoyo están cada vez más reducidos y se limitan a las fuerzas represivas policiales". 

Es este aislamiento del Gobierno nicaragüense lo que paradójicamente sigue alimentando su huida hacia adelante. La drástica reducción de sus apoyos y la represión letal desplegada desde el inicio de las manifestaciones han dejado a los mandamases del régimen con la violencia como única baza para mantenerse en el poder.

La última oleada represiva se ha saldado con la ilegalización de nueve ONG y el allanamiento de sus locales. También han sido saqueadas las redacciones de la revista Confidencial y de los programas de televisión Esta Semana Esta Noche.

Como preaviso de esta embestida, la semana pasada la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Gobierno, había cancelado la personalidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la principal organización en la materia del país centroamericano. Una medida igualmente aplicada a la ONG Hagamos Democracia.

Cancelaciones y allanamientos son pues un ataque en regla contra organizaciones y medios independientes de la sociedad civil, lo cual supone otra faceta de la profunda crisis que ha vivido el país centroamericano en los últimos meses.

Así, a la violencia policial y paramilitar contra los manifestantes vino rápidamente a añadirse la detención arbitraria de activistas sociales y políticos y el acoso de asociaciones y medios críticos con la acción gubernamental.

En este sentido, los asaltos del fin de semana constituyen un intento por silenciar definitivamente a la sociedad nicaragüense.

Represión continua

Las manifestaciones que comenzaron en abril pasado como rechazo a una impopular reforma de la Seguridad Social, se han convertido desde entonces en un amplio movimiento de repudio al régimen de Ortega.  

Tras ocho meses de protestas, el saldo de la represión gubernamental es de varios centenares de muertos, alrededor de 600 presos políticos y decenas de miles de exiliados.

Elvira Cuadra afirma que los últimos hechos marcan un incremento en "los niveles de represión y escarmiento a la sociedad nicaragüense por desafiar al Gobierno".

También son una "respuesta a las sanciones que ha impuesto EEUU al Gobierno nicaragüense por su deriva dictatorial".

Según la investigadora, el ensañamiento con los medios de comunicación independientes y las ONG se debe a que estos "son vistos por el Gobierno como los principales responsables del levantamiento cívico, pues en su lógica los ciudadanos no son capaces de discernir y tener criterio propio".

De hecho, el oficialismo ha insistido en calificar las manifestaciones en su contra de intentona golpista. 

Y ello pese a que una misión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, expulsada por Ortega a fines de agosto, afirmara que durante su investigación no había hallado indicios de golpe de Estado.

El poder a toda costa  

La estrategia de despolitización y criminalización de la protesta social ha llevado al régimen a procesar por terrorismo a más de 200 manifestantes.

Algo que ha dejado "en evidencia frente a la comunidad internacional su naturaleza claramente dictatorial", precisa Elvira Cuadra.

Una situación que, por lo pronto, amenaza con perpetuarse, ya que para el régimen de Ortega la continuidad en el poder parece ser la única escapatoria a probables juicios por el uso indiscriminado de la fuerza.

El desmantelamiento de la sociedad civil emprendido últimamente apuntaría entonces a una tentativa de enraizamiento en el poder mediante el vaciamiento progresivo de las instituciones democráticas.

Contactado por DIARIO DE CUBA, Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), considera que, a semejanza del régimen cubano, donde "no se permiten las mínimas libertades de expresión, movilización u organización", Ortega busca consolidarse en el poder por la fuerza, ahora que tiene "un pueblo completo en su contra por los abusos cometidos en estos últimos meses".

Visto así, el engranaje de la represión seguirá marcando el día a día en Nicaragua.

Por lo pronto, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco ha convocado a una huelga ciudadana de 24 horas para el jueves 20 de diciembre para exigir la salida de la presidencia de Daniel Ortega. 

 

2 comentarios

Imagen de Amadeus

Rosario está de puñeta.

Imagen de Balsero

El represor y violador Daniel Ortega parece decidido a quedarse. En el decálogo de los internacionalistas cubanos, debe existir un artículo más o menos redactado así: "cuando el presidente sea amigo de la revolución, los asesores de seguridad deberán protegerlo por encima de todo, así haya matado a su madre".