Miércoles, 18 de Septiembre de 2019
Última actualización: 18:50 CEST
Política

Haití, las raíces de la cólera

Manifestación reprimida en Puerto Príncipe. (H. RETAMAL/AFP)

Un aire de apocalipsis reina en las calles de Puerto Príncipe: escuelas y comercios cerrados, el transporte público inexistente. Tras ocho días de protestas, que han dejado al menos siete muertos, la capital haitiana parece lejos de recobrar la normalidad.

Las manifestaciones, convocadas por el Sector Democrático y Popular —conformado por líderes de la oposición y grupos populares—, comenzaron el pasado jueves 7 de febrero, coincidiendo con el segundo aniversario de la llegada a la presidencia de Jovenel Moise, y, según los organizadores, que han rechazado cualquier diálogo con el presidente, seguirán los próximos días.

Una auditoría presentada el 31 de enero por el Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 en la gestión de los fondos de Petrocaribe y señaló a 15 exministros y actuales altos funcionarios que están involucrados en el caso, así como una empresa dirigida por Moise antes de llegar al poder.

El programa Petrocaribe, lanzado por Hugo Chávez en 2005, suministró durante años petróleo a precio subsidiado a Haití y a otros países caribeños, entre los cuales están Cuba y Nicaragua, con el fin de que invirtieran los recursos excedentes en obras de infraestructura, así como en proyectos económicos y sociales. Esto era parte de la estrategia del chavismo para incidir en la política regional.

Se estima que, de los 3.800 millones de dólares que recibió Haití, más de 2.000 millones fueron malversados, dejando, por ejemplo, una estela de obras inconclusas o sin comenzar. 

Los manifestantes exigen pues la renuncia del actual mandatario —quien llegó a la política de la mano del expresidente Michel Martelly— por considerar que también ha participado en el desvío de los recursos.

Pobreza crónica y corrupción endémica

Evidentemente, los hechos suscitan la ira en un país considerado el más pobre del continente, con 59% de los habitantes viviendo por debajo del umbral de pobreza y 25% en extrema pobreza, y en el que las desigualdades socioeconómicas son abismales, puesto que el 1% de la población concentra el 45% de las riquezas.

La auditoría ha dejado en evidencia la corrupción endémica de la clase política, haciendo pública la pésima gestión de los fondos del Estado durante las tres últimas administraciones: René Preval (2006-2011), Michel Martelly (2011-2016) y Jovenel Moise, quien asumió el poder en 2017. No es de sorprender que la ONG Transparencia Internacional sitúe a Haití entre los 20 países más corruptos del mundo.

Además, la infraestructura y la economía del país se han visto gravemente afectadas en la última década por dos catástrofes naturales de gran magnitud: el huracán Matthew en 2016 y, sobre todo, el terremoto devastador de 2010.

Un Estado dentro del Estado

Paradójicamente, la intervención humanitaria a raíz de estos sucesos ha tenido consecuencias contraproducentes para Haití. En L’échec humanitaire, un libro publicado en 2013, el politólogo Frédéric Thomas señalaba que la presencia de cerca de 10.000 ONG en el país había terminado por convertirse en un Estado dentro del Estado, al sustituir a la administración pública en sus tareas en lugar de asistirla para cimentar instituciones eficaces. 

No solo las ONG, al ofrecer sueldos muchos más atractivos que los del Estado haitiano, privan a la administración de los elementos más calificados, sino que perpetúan una estrategia del asistencialismo, que atiende a los efectos de los desastres naturales sin obrar en las causas estructurales que propician que estos sean tan mortíferos en la isla caribeña.

De hecho, el 97% de los fondos destinados a la ayuda humanitaria, por el terremoto de 2010, fueron absorbidos por la logística de las ONG. Un círculo vicioso que termina destinando a cuidados paliativos los recursos que recibe el país en vez de invertirlos en la creación de infraestructuras que mejoren a mediano plazo el día a día de la ciudadanía.

Así, pese a los miles de millones de dólares recibidos por el país esta década en ayuda, el 40% de la población carece de agua potable, el 60% vive sin electricidad, el 75% no tiene acceso a las infraestructuras sanitarias básicas y el 40% padece penurias alimentarias.

En este contexto, la inflación de cerca del 15% que el país viene registrando en los tres últimos años se vuelve explosiva para el común de los hogares, que destina alrededor del 50% del presupuesto a alimentos.

La inflación continua se debe a la devaluación de un 50% respecto al dólar, desde 2014, de la moneda local, el gourde. Esto se traduce en un aumento significativo de la canasta de alimentación básica. Por ejemplo, el arroz, dieta principal de los haitianos, procede esencialmente de la importación.

Al llegar a la presidencia Jovenel Moise prometió luchar contra la corrupción y una mejora significativa del nivel de vida de los haitianos. Dos años después sus promesas son papel mojado. Y la urgencia económica, declarada por su Gobierno para reducir el costo de los bienes de primera necesidad, parece llegar demasiado tarde. 

Queda por ver si las protestas se irán apagando, como ya sucedió el otoño pasado, o conducirán a la renuncia del mandatario.