Lunes, 11 de Noviembre de 2019
Última actualización: 08:41 CEST
NICARAGUA

El Gobierno de Ortega dice que cumplirá los acuerdos, pero la oposición duda y pide sanciones

La opositora Violeta Granero. (EFE)

El Gobierno de Nicaragua aseguró este jueves que cumplirá los acuerdos firmados sobre temas como libertad de "presos políticos" y restablecimiento de garantías ciudadanas, a pesar de las denuncias de incumplimiento por parte de la oposición que pidió sanciones contra el presidente Daniel Ortega y su círculo de poder, reportó EFE.

Un día después de que concluyera la mesa de negociación entre el Ejecutivo y la oposición extraparlamentaria, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que el Gobierno nicaragüense continuará trabajando, "de acuerdo a los planes consensuados".

En la mesa de negociación el Gobierno se comprometió a liberar a todos los "presos políticos" en un plazo no mayor de 90 días, a partir del 20 de marzo, y a respetar la Constitución en lo referido a la libertad de manifestación, reunión, movilización y prensa.

La vicepresidenta Rosario Murillo dijo que su Gobierno se compromete con la "no violencia", en medio de críticas por haber atacado a civiles el sábado pasado, apenas un día después de haber firmado un compromiso de no agresión.

"Nos comprometemos, nos seguimos comprometiendo con esa paciente labor, misionera, tenaz, potente, que interioriza la no violencia como compromiso de vida, luz y verdad", dijo Murillo, en un escrito divulgado en honor del aniversario número 51 de la muerte del defensor estadounidense de los derechos civiles Martin Luther King.

La oposición extraparlamentaria aglutinada en la Alianza Cívica acusó otra vez al Ejecutivo nicaragüense de incumplir los acuerdos y envió una carta al nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, y al exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, quienes participan como testigo y acompañante del proceso en representación del Vaticano y de la Secretaría General de la OEA, respectivamente.

En el documento exponen nuevos hechos ocurridos el 1 y 2 de abril pasado que, a su juicio, violentan los acuerdos firmados.

En el primer caso, un grupo de "paramilitares" a bordo de motocicletas y armados atacaron la casa de una familia en la ciudad de León, 90 kilómetros al noroeste de Managua, y en el segundo, denunciaron la detención sin orden judicial de Leo Navarrete, un "prisionero político" que ya había sido excarcelado.

Asimismo, la Alianza Cívica denunció que los medios de comunicación escritos no han recibido los insumos como papel, tinta y otros, que se encuentran retenidos desde hace seis meses en la Dirección General de Aduanas.

"El incumplimiento de los acuerdos resta toda credibilidad al diálogo. El Gobierno debe cumplir los mismos y asimismo reiteramos la urgencia de contar con los garantes internacionales creíbles, tal y como se ha acordado", señaló la Alianza.

Por su lado, la Unidad Nacional Azul y Blanco, un movimiento de oposición, convocó a una movilización para el sábado contra el Gobierno y anunció que redoblará la presión internacional para promover sanciones contra el mandatario y sus principales allegados.

Ese movimiento explicó que la movilización forma parte de una "nueva fase de resistencia cívica" contra el presidente Ortega, a quien acusaron de ser "intransigente" en la mesa de negociación, que concluyó el miércoles sin acuerdos en los temas de justicia y democratización.

Esa nueva fase estará enfocada en redoblar la presión internacional para la promoción de sanciones para los principales "operadores del régimen" y la incidencia ante los organismos multilaterales para la aplicación de la Carta Democrática, explicó Katherine Ramírez al leer un pronunciamiento.

Por su lado, el denominado Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua demandó la "conformación inmediata" de un diálogo directo entre el Gobierno y las asociaciones de víctimas, con el fin de buscar salida a la crisis que estalló hace casi un año.

Durante la jornada, el Comité Internacional de la Cruz Roja se reunió con las partes en la negociación para cotejar las listas de los "presos políticos" que deberán ser liberados antes del 20 de junio próximo.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.