Jueves, 19 de Septiembre de 2019
Última actualización: 18:50 CEST
Política

Guatemala, un presidente que protege la corrupción

El presidente guatemalteco Jimmy Morales. (L.G/REUTERS)

Jimmy Morales llegó a la presidencia de Guatemala, en enero de 2016, con un eslogan que resaltaba su probidad: "ni corrupto ni ladrón".

Tres años más tarde, desde los medios independientes y la sociedad civil, es acusado de ser el cabecilla del "pacto de corruptos", un grupo de políticos que ha acordado protegerse mutuamente para escapar a las investigaciones judiciales por financiamiento ilícito y demás actividades delictivas.

Desde su llegada al poder Morales, contraviniendo sus promesas de campaña, se ha dedicado a sesgar y obstaculizar el desempeño de las instituciones en beneficio del grupo de empresarios y militares de alto rango que lo auparon al poder.

Así, el mandatario se ha empecinado en cooptar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía, en presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en mantener un pulso con la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Todo ello con el beneplácito del Congreso.

Una cruzada contra la CICIG

Sin embargo, los ataques más duros de Morales han sido contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a cuyo comisionado, el juez colombiano Iván Velásquez, y a otros 11 de sus investigadores ha expulsado del país, desacatando la orden de la CC que estima inconstitucional semejante decisión.

La CICIG fue creada en diciembre de 2006, por medio de un acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, y actúa como un órgano independiente, con financiamiento europeo y estadounidense, en el que más de un centenar de investigadores colaboran con la Fiscalía para identificar y desmantelar las estructuras ilegales que operan en el seno de las instituciones guatemaltecas.

Desde su puesta en funcionamiento, la CICIG ha contribuido al enjuiciamiento de empresarios, militares de alto rango y políticos. A tal punto que en 2015, con el respaldo de manifestaciones multitudinarias, las investigaciones de la Fiscalía y la CICIG lograron la destitución y el procesamiento judicial por contrabando del entonces presidente Otto Pérez Molina.

También han sido encarcelados el antecesor de Molina, Álvaro Colom, y varios de sus ministros. Y en los últimos cuatro años más de 680 personas han sido acusadas por la CICIG. No es de sorprender que la ONG Transparencia Internacional sitúe al país centroamericano como el cuarto más corrupto de América Latina, después de Venezuela, Haití y Nicaragua.

En el nutrido grupo de encausados por la CICIG figuran el hermano y el hijo de Jimmy Morales, quienes tienen causa abierta por fraude fiscal, y el propio mandatario, por un presunto financiamiento electoral ilícito estimado en dos millones de dólares.

La cruzada contra el órgano judicial cobra pues aires de venganza personal.

Captura del Estado

La orden de captura lanzada por un juzgado guatemalteco contra la exfiscal general, Thelma Aldana, hace pensar en una jugarreta política destinada a proteger los intereses de la Presidencia.

Aldana es conocida por su lucha contra la corrupción a la cabeza de la Fiscalía en los últimos años (2014-2018), en estrecha colaboración con la CICIG. 

Curiosamente, el pedido judicial fue lanzado, en marzo pasado, horas después de que la exfiscal general registrara oficialmente su candidatura, por el recién creado Movimiento Semilla, para los comicios presidenciales que se celebrarán el próximo 16 de junio.

La candidatura de Aldana es de hecho una de las opciones con más peso en la contienda presidencial. 

Morales intenta pues, mediante la instrumentalización de la Justicia, allanar el camino a su aliada, Sandra Torres, líder de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), primera dama de 2008 a 2011 y también acusada por la CICIG de financiamiento ilegal en su campaña presidencial de 2015.

Una victoria de Torres le aseguraría al actual mandatario la continuidad de las políticas de obstrucción y supeditación del Poder Judicial, que ha caracterizado su gestión. Esta estrategia está destinada no solo a proteger los intereses personales de Morales, sino también los de los grupos de poder que lo han sostenido: los militares y el empresariado.

En este sentido, dos proyectos de ley particularmente controvertidos están actualmente en gestación en el Congreso. 

El primero concierne a la aprobación de una amnistía para crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil que asoló al país durante más de tres décadas (1960-1996). La medida beneficiaría ante todo a unas 4.000 personas vinculadas al Ejército y a las fuerzas de Seguridad del Estado.

El segundo se presenta como una reforma del Código Penal. Pero, en realidad, está diseñado para dejar en libertad a decenas de grandes empresarios investigados por financiamiento electoral ilícito. Y eximiría a los políticos señalados de recibir fondos para sus campañas sin registrarlos, como es el caso de Jimmy Morales.

Si ambos proyectos se concretaran en leyes, se reinstauraría la captura del Estado por estructuras clientelares y poderes de facto, situación que dio origen a la creación de la CICIG.

Este sería un paso que confirmaría la regresión autoritaria que ha experimentado Centroamérica en los últimos años con el desenfreno dictatorial en Nicaragua y el vaciamiento de la institucionalidad democrática en Honduras.