Viernes, 15 de Noviembre de 2019
Última actualización: 17:42 CET
Política

Colombia, los acuerdos de paz se tambalean

El excomandante guerrillero Jesús Santrich. (EFE)

 

"Les reiteramos autocríticamente que fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte", aseguró este lunes en una carta divulgada en las redes sociales Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en los diálogos con el Gobierno de Juan Manuel Santos que condujeron a la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016.

Márquez, quien se encuentra en paradero desconocido desde agosto del año pasado, se dirigía así a los miles de exguerrilleros que intentan insertarse en la vida civil en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), tal como estipulado en los acuerdos de paz.

La carta es una reacción al rocambolesco caso de otro excomandante guerrillero, Jesús Santrich.

La semana pasada la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado en Colombia, ordenó la libertad inmediata de Santrich, encarcelado desde hace casi un año tras un pedido de extradición realizado por la Justicia de EEUU, acusándolo de narcotráfico.

Pugna de competencias

El tribunal decidió aplicar la garantía de no extradición, contemplada en los acuerdos de paz, debido a que las pruebas de las que disponía no permitían "evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización". La JEP recalcó que el Departamento de Justicia de EEUU no remitió las evidencias solicitadas para fundamentar el proceso de extradición.

La fecha de la supuesta actividad delictiva es clave, puesto que solo pueden beneficiarse de la no extradición los excombatientes que hayan cometido delitos antes de la firma de la paz –quienes hayan delinquido después de esa fecha han de ser juzgados por la justicia ordinaria y, por tanto, pueden ser extraditados–. 

Según la Fiscalía colombiana y la Justicia estadounidense, Santrich formaba parte de una red involucrada en el narcotráfico desde junio de 2017, es decir, un semestre después de sellados los acuerdos de paz.

Poco después de que se conociera la decisión de la JEP, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, presentó su dimisión. En esto también fue seguido por la vicefiscal María Paulina Riveros, quien debía sustituirlo mientras se elegía un nuevo fiscal.

Estas renuncias, a modo de protesta por el veredicto, alegando que este rompe el orden jurídico del país, marcaron otro episodio en las fuertes desavenencias que han caracterizado la relación entre la Fiscalía y la JEP. La primera sostiene que la JEP solo tiene potestad para certificar la fecha en que ocurrieron los presuntos delitos, mientras que esta esgrime otras prerrogativas, como tener conocimiento de las evidencias en casos de extradición y evaluar la conducta que sustentaría dicha medida.

No obstante, dos días después de la decisión de la JEP, cuando Jesús Santrich estaba a punto de abandonar la prisión de máxima seguridad donde se encontraba bajo arresto, fue nuevamente detenido por agentes de la Fiscalía. Santrich, luego de pasar un día preso en los locales de la Fiscalía General, fue finalmente trasladado a una clínica de Bogotá, pues habría intentado atentar contra su vida.

La Fiscalía adujo que la detención se debía a la incorporación en las últimas horas de nuevas evidencias que daban cuenta con claridad de "las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas para delinquir con fines de narcotráfico".

De hecho, la Fiscalía había filtrado, unas horas después de la orden de liberación de Santrich, un video, al que no había tenido acceso la JEP, en que se veía al exguerrillero supuestamente negociando el envío de un cargamento de drogas. Y ello después de la firma de la paz.

Estos diferendos entre distintas instancias judiciales son sintomáticos de la fuerte división que persiste en la sociedad y la clase política colombianas respecto a la implementación de los acuerdos de paz. 

Una polarización persistente

De hecho, el presidente Iván Duque, partidario de una modificación de los acuerdos de paz, intentó el mes pasado hacer adoptar por el Congreso una reforma de la ley estatuaria que rige la JEP, en la que uno de los puntos impugnados era justamente el proceso de extradición. 

La propuesta presidencial fue rechazada por la Cámara de Representantes, donde quedó en evidencia la escisión entre dos bloques enfrentados en cuanto a la implementación de la paz. Por un lado, el oficialista Centro Democrático, apoyado por su principal aliado, el Partido Conservador, que promueve una revisión sustancial de los acuerdos, y, del otro, una amplia alianza parlamentaria que se pronuncia a favor de lo pactado por el Gobierno de Santos.

La revisión integral de la ley queda ahora en manos de la Corte Constitucional. Sin embargo, la alta corte tampoco está exenta de las tensiones que atraviesan actualmente al país andino.

En una carta dirigida la semana pasada a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, el colectivo Defendamos la paz –que incluye, entre otros, a congresistas de distintos partidos, exministros, líderes sociales, activistas de derechos humanos, negociadores tanto del antiguo Gobierno como de las FARC– denunció ataques y presiones contra los jueces de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la JEP y pidió medidas de protección para los magistrados.

La reciente decisión de EEUU de revocar el visado a jueces de la Corte Constitucional y la Corte Suprema, aunque luego se les restituyera, fue percibida en Colombia por distintos sectores como un modo de ejercer presión sobre los togados en un momento en que estas cortes deben pronunciarse en asuntos en los que Washington tiene particular interés como la extradición o el uso de glifosato para erradicar los cultivos de coca.

Tanto la resolución del caso Santrich como la revisión de la ley estatuaria de la JEP determinarán el futuro de los acuerdos de paz, que parecen cada vez más en peligro, ya que al menos 3.000 guerrilleros han regresado a la lucha armada, una cifra que equivaldría al 40% de los que inicialmente se desmovilizaron.