Sábado, 12 de Octubre de 2019
Última actualización: 10:47 CEST
Venezuela

El Informe Bachelet servirá a la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro

Juan Guaidó y Michelle Bachelet. (AFP)

Defensores de derechos humanos, desde Venezuela, consideran que el informe presentado por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, debe ser un insumo para el procedimiento que evalúa la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del régimen de Nicolás Maduro.

El informe, calificado de completo y contundente por parte de un conjunto de activistas venezolanos consultados por DIARIO DE CUBA, fue difundido este 4 de julio para ser sometido a discusión este viernes en Ginebra. El documento enfureció al régimen venezolano ya que no se pide levantar las sanciones internacionales contra Venezuela, tal como suponían.

Para Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, una organización de derechos humanos con más de 30 años de existencia, lo más resaltante del informe es que reitera el carácter sistemático de las violaciones de derechos humanos en los casos de tortura, desapariciones forzadas o al derecho a la vida.

"La palabra sistemático es muy importante en la evaluación internacional de derechos humanos. El informe está redactado en el lenguaje propio de la CPI, por ejemplo hay una sección en la que se solicita el establecimiento de responsabilidades individuales y penales", sostiene Uzcátegui.

Por su parte, Luis Francisco Cabezas, activista por el derecho a la salud y los adultos mayores, sostuvo que el informe Bachelet "establece patrones en los casos de tortura y en ese sentido es material para ser considerado por la CPI".

La CPI está evaluando si abre un proceso contra el régimen de Nicolás Maduro, tal como le solicitaron formalmente Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá a fines del año pasado.

Entre las recomendaciones del informe del alto comisionado de la ONU figuran la disolución de un cuerpos de acciones especiales FAES, el restablecimiento de la imparcialidad de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, la liberación de presos políticos y la protección para periodistas y defensores de derechos humanos.

No incluyó el documento algo que el régimen de Maduro esperaba. Una recomendación para que sean levantadas las sanciones financieras, principalmente de EEUU sobre la industria petrolera, principal fuente de ingresos de Venezuela.

En el conjunto de recomendaciones no se está solicitando el levantamiento de las sanciones internacionales contra el régimen de Venezuela, indica Uzcátegui, y acota: "es una decisión con la cual Michelle Bachelet está de acuerdo, así nos lo señaló en la reunión que sostuvimos en Caracas. Las organizaciones de derechos humanos estamos de acuerdo con el levantamiento de las sanciones financieras al país ya que agravan la emergencia humanitaria compleja. Eso es muy diferente a que se amplíen las sanciones individuales contra violadores de derechos humanos".

Según el coordinador de Provea, este elemento constituye el único tópico con el cual Bachelet podría presionar a Maduro, en aras de que este acepte otras recomendaciones.

Cabezas, en respuesta a una pregunta de este diario, coincide con Uzcátegui en señalar como principal omisión del informe Bachelet la ausencia de menciones a los derechos electorales de los venezolanos, en aras de que se alcancen unas elecciones justas, transparentes y con un sistema electoral equilibrado.

El 20 de mayo de 2018 se celebraron unas elecciones presidenciales en Venezuela, con las cuales Maduro dice haber obtenido una victoria para ser presidente hasta el año 2025. "El anterior alto comisionado calificó las elecciones del 20M como elecciones no libres y no creíbles", recuerda el coordinador de Provea.

Por su parte Ligia Bolívar, referente nacional por tener más de 40 años en la defensa y promoción de los derechos humanos, siendo fundadora de varias organizaciones en Venezuela, asegura que este informe está revestido con características especiales, ya que fue un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a diferencia de los anteriores producidos por el propio alto comisionado.

"Este informe no deja lugar a dudas. Hace un balance contundentemente negativo", dice Bolívar a DIARIO DE CUBA.

A su juicio, la omisión más llamativa es la referencia al impacto específico que genera la crisis humanitaria compleja en sectores vulnerables como población LGTB, niños, personas de la tercera edad.

Recuerda Bolívar que el equipo de Bachelet hizo "un gran esfuerzo de síntesis", ya que por un lado recibió el mandato de hacer un informe exhaustivo por escrito, pero al mismo tiempo la ONU limita a 8.000 palabras cualquier informe escrito oficial de la organización.

El informe de Bachelet dedicado a Venezuela señala, entre otras violaciones de derechos humanos, los casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas en los calabozos de órganos de represión política como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) o la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), así como el aumento dramático del número de personas obligadas a huir de Venezuela.

En Venezuela, según el informe, a los prisioneros políticos se les tortura con la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacro de ahogamiento, palizas y violencia sexual. El alto comisionado dice que han sido documentadas 66 muertes en protestas entre enero y mayo de 2019. De estas, 52 son atribuibles a fuerzas oficiales de seguridad o a los llamados colectivos (civiles armados por el régimen).

El informe, asimismo,  destaca el incumplimiento de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. Señala de forma explícita a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo, a la que señala por guardar silencio.

Marino Alvarado, abogado especializado en derechos humanos y excoordinador general de Provea, confirma a este diario la contundencia de estos señalamientos. "Se cuestiona parcialidad del fiscal, y se recalca el silencio del defensor del pueblo", sostiene.

Alvarado coincide con Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, en recalcar la importancia de que, ante la ausencia de mecanismos institucionales internos para salvaguardar los derechos humanos de los venezolanos, un asunto que retrata claramente el informe Bachelet, pase a crearse una comisión de investigación con el aval de la comunidad internacional.

"El informe desnuda lo que ya veníamos denunciando largamente. El sistema de administración de justicia en Venezuela no está en capacidad de investigar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que se comenten en el país", reitera Alvarado.

Romero sostiene que es un avance la apertura dentro de Venezuela de una Oficina del Alto Comisionado, pero lo ve como una medida insuficiente. "Es necesario que se cree una comisión de investigación internacional que podría funcionar sin la anuencia del Gobierno de Maduro”, sostiene.

Tal comisión internacional, tal como recomiendan Alvarado y Romero, requiere de un mandato expreso del Consejo de Derechos Humanos. La presencia de Cuba y China en la composición actual de dicho consejo, hasta el 31 de diciembre de 2019, hace temer que se puedan evadir decisiones que comprometan aún más al régimen de Maduro.